Las noticias sobre la llegada a España de una Depresión Aislada en Niveles Alto, conocida como dana o gota fría empezaron hace más de una semana. Pero nada hacía pensar que sus consecuencias serían las que hemos visto todos y han sufrido especialmente en Valencia, donde las muertes y desapariciones aumentan con el paso de las horas.
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En apenas 48 horas, Íñigo Errejón pasó de ser uno de los dirigentes políticos más importantes de la izquierda española a presentar su dimisión tras las acusaciones por agresión sexual y comportamientos machistas contra varias mujeres. Él mismo admitió unos hechos que se conocieron a través de una denuncia anónima hecha por Instagram. Y desde entonces, una de las cuestiones que más se repite es si no se podría haber hecho antes algo por las víctimas.
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Hace unos años, las redactoras de EL PAÍS consultaron a expertas y pidieron modificaciones en el Libro de Estilo para darle un trato igualitario a hombres y mujeres. Una de las cuestiones tenía que ver con la forma en que nombramos a unos y a otras, y aunque quedó claro que nombre y apellido es lo correcto en ambos casos, a veces, también a nosotras, se nos cuela un nombre propio
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Mientras los desalojos están en mínimos históricos, el debate sobre el alto precio del alquiler convive hoy con el miedo a la ocupación de la vivienda. Pero, si miramos solo una década atrás, en 2014 se ejecutaron 64.000 desahucios por hipotecas no pagadas en España. En 2024, el precio de la vivienda en alquiler es el debate público principal, porque ha aumentado un 58% en una década. Mientras, intereses políticos, mediáticos y comerciales han logrado que cale el miedo a la ocupación de viviendas, aunque afecta exclusivamente al 0,06% de las viviendas en España, según las últimas denuncias interpuestas.
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En España hay 50 universidades públicas frente a 46 privadas, pero de estas últimas ya hay 11 en proceso, así que pronto los superarán. En paralelo, no se crea un centro público de educación superior en nuestro país desde 1998.
Las privadas no tienen más alumnos de grado, aunque sí de máster. Solo el 6% de ellos tienen una beca otorgada por el Ministerio de Universidades. Los motivos por los que una familia opta por pagar como mínimo unos 7.000 mil euros al año por cada curso de grado son diversos, aunque se suele mencionar una nota de corte menos exigente, la cercanía a la vivienda familiar y la oferta de prácticas y posibilidad de contactos profesionales. Por ahora, los principales indicadores y evaluaciones exponen que no es una cuestión de que tengan más calidad que las públicas.
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