Se refiere a la extensión del periodo en el cual una persona acusada de un delito permanece detenida antes de un juicio. Este proceso se lleva a cabo cuando las autoridades judiciales consideran que existen razones suficientes para mantener al individuo bajo custodia mientras se investiga el caso, generalmente debido a la gravedad de los cargos o el riesgo de fuga. La prolongación de la prisión preventiva se decide en función de la necesidad de preservar la integridad del proceso legal y garantizar la seguridad pública.